¿Cómo funciona el Compliance Penal?

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Una de las múltiples patas del compliance es la penal. Un programa de compliance penal permite implementar en la organización un modelo de control y gestión de riesgos penales.

De esta forma, la organización puede evitar posibles infracciones que la empresa pueda cometer. Si bien el Código Penal no lo establece como obligatorio, sí puede llegar a ser una atenuante o, incluso, eximir de responsabilidad penal a aquellas organizaciones que demuestren que han tomado medidas al respecto, realizando labores de control y supervisión.

No tener un plan de Compliance Penal conlleva que la compañía y su órgano de administración estén expuestos a un alto grado de riesgo tanto de carácter económico (sanciones) como personal (penas de privación de libertad).

Este tipo de compliance surgió como consecuencia del aumento de la corrupción en las grandes empresas. Fue en el año 2010 en la reforma del Código Penal, en la que se incluyó la obligación por parte de las empresas de introducir planes de compliance.  Y ya en la reforma de 2015 se sentaron las bases de cómo debía ser ese modelo preventivo. Estos requisitos que contempla el Código Penal son:

  • La Identificación de las actividades que sean más propensas a dar lugar a delitos
  • Fijar protocolos para las distintas situaciones
  • Disposición de modelos
  • Informar de los riesgos del incumplimiento de las normas a los organismos encargados de la prevención
  • Establecer un sistema disciplinario
  • Revisar periódicamente el sistema preventivo
Situaciones que evita el compliance

Los programas de compliance penal llegaron como hemos mencionado anteriormente para reforzar a la compañía de cara a posibles conductas negligentes que se puedan cometer en el seno de la empresa. Estas sanciones son:

  • Multas económicas
  • Disolución de la persona jurídica, por tanto, de la empresa
  • Suspensión de la actividad y clausura de instalaciones de la compañía hasta 5 años
  • Prohibición de realizar en el futuro actividades en las que se haya incurrido en delito
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por un tiempo inferior a cinco años.

En conclusión, un programa de compliance bien estructurado, adaptado a cada compañía, evaluando los posibles riesgos e informando a todas las personas que pertenecen a ella, beneficiará en todos los sentidos a la empresa al completo.

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