Jornada ‘Radiografía sobre la Ocupación en Madrid’

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Con el tema de la ocupación ilegal como marco, PONS Compliance organizó la jornada ‘Radiografía de la Ocupación en Madrid’ para debatir sobre este problema y las soluciones que pueden plantearse.

La jornada contó con la participación de Eusebio González Castillo, director del área social de la Agencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid; Carolina Pérez Gallardo, Concejala de Presciencia del Ayto. de Vera; José Antonio Pozo Oller, Psicólogo Social y Coordinador de Área de los Servicios Sociales del Ayto. de Vera; Nicolás Pons, responsable de Help to Comply empresa creadora de AlertaOKupa; y Raquel Navares, directora de PONS Compliance.

El evento comenzó con la presentación de un informe por parte de Nicolás Pons sobre la situación en España y en la Comunidad de Madrid. Los datos recogían que el problema de la ocupación ilegal ha crecido en los últimos años. En el primer semestre de 2021, se registraron 13.389 denuncias, un 18% más que en el mismo periodo de 2020. Actualmente, más de 49 inmuebles son ocupados al día. Los últimos datos del Ministerio del Interior se remontan a 2019, donde se percibe el aumento de estas denuncias año tras año desde el 2015. La Comunidad de Madrid es la tercera región con más denuncias por ocupación ilegal de viviendas, por detrás de Cataluña y Andalucía. Los barrios donde este problema tiene una mayor fuerza son en los del sur de la capital, especialmente Villaverde, Villa y Puente de Vallecas, Usera y Vicálvaro. Los municipios de Fuenlabrada, Móstoles, Leganés y Parla también se ven más afectados por este fenómeno.

Tras este informe, Nicolás Pons presentó la herramienta de AlertaOkupa, creada con el objetivo de promover la colaboración ciudadana con las administraciones. A través de esta herramienta, los vecinos que son testigos de cualquier situación relacionada con la ocupación ilegal pueden transmitir una alerta de manera anónima a la administración aportando datos muy valiosos, garantizando la confidencialidad de los mismos y convirtiéndose, así, en alertadores anónimos contra este problema. Estos datos van directamente a las áreas de las administraciones locales competentes en materia de ocupación ilegal (Urbanismo, Policía, Servicios Sociales y Obras y Servicios), pudiendo aportarse contenido multimedia como fotos, vídeos o audios que quedarán sellados en el tiempo. De esta forma, el personal administrativo, por su parte, gracias al gestor de expedientes de AlertaOkupa, podrá activar el protocolo de actuación y trabajar de manera coordinada con las distintas áreas municipales en todas las alertas generadas por los vecinos, así como en las creadas de oficio.

Experiencia del Ayuntamiento de Vera

Tras él, los dos invitados del Ayuntamiento de Vera contaron cómo combaten desde allí esta problemática. Cuando llegaron al ayuntamiento estudiaron la situación y localizaron dos zonas en las que la ocupación se daba fuerza. Para frenar la ocupación establecieron un plan en el que se reunieron con los vecinos, hicieron un conteo de as viviendas ocupadas y crearon una comisión antiocupación en el Ayuntamiento. Una de las últimas medidas que han tomado ha sido la de contar con AlertaOkupa para hacer frente al problema y tras una buena campaña de presentación y de divulgación a los ciudadanos la herramienta ya está dando sus frutos en el municipio. “La aplicación dentro del marco legal nos permite avanzar. Ha facilitado la intervención coordinada de la administración. En definitiva, nos permite tratar el tema de una forma global”, señaló José Antonio Pozo Oller.

Por último, tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron todos lo invitados a la jornada. Todos coincidieron en la necesidad de conocer las cifras reales de este problema y la oportunidad que presenta AlertaOkupa para conocerlas. Raquel Navares comentó cómo la aplicación actúa como canal de denuncias ciudadano y destacó la confianza que otorga el carácter anónimo de la denuncia en la población, que en muchas ocasiones no alerta del problema por temor a posibles represalias. En este sentido, Raquel Navares comentó que la herramienta se sitúa en un plano muy similar al de la recientemente aprobada la directiva whistleblowing, que establece que las empresas de más de 250 trabajadores deben contar con un canal de denuncias. Además, incidió también en la obligación por parte de las administraciones de contar también con un canal de denuncias.

Los participantes estuvieron de acuerdo, cada uno desde su prisma, en que el problema de la ocupación se atajará de manera colaborativa entre ciudadanos y administraciones y éstas deben apoyarse en las soluciones que las nuevas tecnologías presentan para ser más eficaces en esta lucha.

 

 

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