¿Por qué pueden sancionar a un miembro u órgano de mi empresa?

Riesgos

Desde que entrara en vigor el 23 de diciembre de 2010 la Ley Orgánica 5/2010, se introdujeron novedades sustanciales para el mundo empresarial entre la que destaca la conversión de las personas jurídicas como sujetos capaces de cometer delitos punibles, al margen de las personas físicas.

En este contexto, el Compliance Penal pasó a cobrar un papel protagonista en las empresas al prevenirlas ofreciéndoles herramientas para no caer en infracciones penales. Estas herramientas consisten en la identificación de los posibles delitos a cometer y el establecimiento de protocolos para el cumplimiento normativo. Además, se realiza un seguimiento para verificar que se cumplen dichos protocolos.

¿Cuáles son los delitos sancionables pueden cometer las empresas?

Con esta modificación, las personas jurídicas pasan a ser responsables penales de hasta 36 delitos que se pueden cometer en el desarrollo de su actividad. Los riesgos más habituales de entre los que pueden incurrir en delito son:

  • Tráfico ilegal de órganos (art.156 bis).
  • Trata de seres humanos (art. 177 bis).
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (art. 189 bis).
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197).
  • Estafas y fraudes (art. 251).
  • Insolvencias punibles (art. 261 bis).
  • Daños informáticos (art. 264).
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (art. 288). Aquí se incluyen el descubrimiento y revelación de secretos de empresa; el desabastecimiento de materias primas; la publicidad engañosa; el fraude de inversores y de crédito; la facturación fraudulenta; la manipulación de cotizaciones en los mercados; el abuso de información privilegiada; la facilitación ilegal de acceso a servicios de radiodifusión y televisión; y la corrupción entre particulares y deportiva.
  • Blanqueo de capitales (art. 302).
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis).
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis).
  • Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal (art. 319).
  • Delitos contra el medio ambiente (art. 327 y 328).
  • Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343).
  • Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348).
  • Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas (art.369 bis)
  • Falsedad en medio de pago (art. 399 bis)
  • Cohecho (art. 427).
  • Tráfico de influencias (art. 430).
  • Corrupción de funcionario extranjero (art. 445).
  • Financiación del terrorismo (art. 576 bis)

De todos los delitos que pueden ser responsables las personas jurídicas, existe la posibilidad de ser condenadas penalmente si cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica, o si en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse ejercido el debido control sobre su persona y actividad, por los legales representantes o administradores.

Es aquí donde el Compliance Penal juega un papel clave, la implantación de un sistema de control de cumplimiento normativo y prevención de delito exime a la empresa de una posible condena.

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